El Programa CEP está basado en el Modelo CEP desarrollado por la Asociación Internacional de Administración de Ciudades, capítulo México-Latinoamérica (ICMA-ML), organización afiliada a ICMA. Esta última fue fundada en 1914 y desde 1924 adopta y regula las conductas de los servidores públicos asociados a través de su Código de Ética.

Al igual que el Modelo, el Programa tiene como objetivo ser un complemento a los procesos de instrumentación de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) mediante la estructuración de un sistema integral para la promoción de una conducta ética en las entidades públicas. Este sistema incluye herramientas con y para el involucramiento de la sociedad.

El Programa CEP aplicado en México, parte de que la sostenibilidad y efectividad de las entidades públicas están ligadas a la confianza que éstas despierten entre los ciudadanos.

En la actualidad, las condiciones prevalecientes en las entidades públicas mexicanas establecen un común denominador; desconfianza, y en dos sentidos. La interna, que es entre los propios servidores públicos, y la desconfianza externa, que va de los ciudadanos hacia sus instituciones públicas.

Ante tales condiciones, es necesario reestablecer la confianza de los servidores públicos y de los ciudadanos. Por ello, el Programa CEP establece como primera condición la necesidad de promover mejores decisiones éticas, al tiempo de fortalecer los medios preventivos y correctivos de conductas erróneas.

El Programa CEP se estructura con base en los siguientes tres grandes componentes: Promoción de conductas deseadas y prevención-corrección de conductas incorrectas. Involucramiento ciudadano para demandar y evaluar avances en los sistemas locales anticorrupción con participación en el seguimiento de los procesos, así como fuente de denuncias y su seguimiento. La construcción de una comunidad de práctica con una Base de Conocimiento sobre conductas deseadas y no deseadas.

Ejecución del Programa CEP y herramientas y materiales

El Programa CEP en su versión inicial ha sido ejecutado en el Gobierno del Estado de Quintana Roo mediante un acuerdo de colaboración directa. Una versión expandida del CEP, que cuenta con una subvención de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), está siendo aplicada en la Auditoría Superior del Estado de Coahuila y el Sistema DIF del Estado de Chihuahua. Pronto iniciará su aplicación en varios municipios del norte de México.